Presentan propuesta de contribución especial para la seguridad

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El Ministro de Hacienda, Ministro de Justicia y Seguridad, el secretario de Gobernabilidad y comisionado presidencial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia, se hicieron presentes este día a la Asamblea Legislativa para entregar a la presidenta y junta directiva de la misma, la propuesta de Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia.

Dicha propuesta está encaminada a dotar de recursos al Estado para seguir impulsando las acciones encaminadas a generar en El Salvador un clima libre de violencia social y criminalidad, clave para avanzar en el desarrollo inclusivo.

El objeto de la ley, según su artículo 1, es establecer “una contribución especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia”, la cual recaerá sobre la adquisición y/o utilización de servicios de telecomunicaciones en todas sus modalidades y sobre la transferencia de cualquier tipo de dispositivo tecnológico, terminales, aparatos y accesorios de los mismos que permitan la utilización de servicios de telecomunicación.

Desde el gobierno se propone que la contribución especial sea de un 10% y establece que los sujetos pasivos, obligados al pago de la misma, son los usuarios y revendedores de servicios de telecomunicaciones y quienes los adquieran.

Además, los importadores o internadores de cualquiera de esos dispositivos, los representantes de los usuarios de servicios y los sujetos pasivos dedicados a la prestación de servicios de telecomunicaciones que efectúen el retiro o desafectación de dispositivos tecnológicos.

El fondo se ejecutará con base a los planes y acciones específicas contempladas en los cinco ejes del Plan El Salvador Seguro, que fue ampliamente consensuado por distintos sectores sociales y respaldado por la Interpartidaria en la Declaración de Ataco del 28 de agosto de 2015.

Por su parte el artículo 2 de la propuesta declara como necesidad de interés público la ejecución de las acciones previstas en el Plan El Salvador Seguro, que define como prioridades la Prevención de la Violencia, el Control y Persecución Penal, la Rehabilitación y Reinserción, la Atención y Protección a Víctimas y el Fortalecimiento Institucional.

Entre los beneficios que la ley contempla en su artículo 11, están el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, el disfrute de servicios institucionales eficientes para la prevención de la violencia, la recuperación de espacios públicos y la reducción de la incidencia delictiva en estos, la reducción de la violencia en la familia y de abusos contra las mujeres.

Asimismo, el aumento de la judicialización efectiva de delitos graves, la reducción de la mora en las investigaciones de delitos, el fortalecimiento del control y la mejora de las condiciones en los centros penitenciarios, el desarrollo de programas de reinserción y prevención del delito, el reforzamiento de las capacidades para la protección, atención y reparación de las víctimas y el perfeccionamiento del sistema de administración de justicia, entre otros.

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