LAS 7 COMUNIDADES DE TACUBA EN LUCHA POR LOGRAR LA JUSTICIA

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El 22 de julio de 2019 se cumplieron 3 años de la captura de líderes defensores de derechos humanos, específicamente del derecho al agua y de la gestión comunitaria del agua en el municipio de Tacuba, departamento de Ahuachapán.

Ante este hecho los habitantes de las 7 comunidades han exigido justicia a favor de sus líderes ante el sistema judicial.

Las 7 Comunidades de Tacuba han luchado por preservar su sistema comunitario de provisión de agua, que beneficia a aproximadamente 2,000 familias, ya que el exalcalde del partido ARENA, Joel Ramírez Acosta, retorciendo las leyes pretendió adueñase del referido sistema y ante la resistencia popular recurrió a criminalizar la legítima lucha por el agua y contó con la colaboración del fiscal auxiliar Miguel Santiago Gross Salazar, que sin pruebas han intentado la condena de los defensores de los derechos humanos.

La presión de las comunidades y de las organizaciones sociales, la falta de pruebas y la profesionalidad del equipo jurídico contribuyó que el Juez de Paz de Tacuba determinara que no había motivo para que permanecieran presos y fueron liberados el 31 de julio de 2016, el proceso continuó sin encarcelamiento.

Durante el proceso judicial los defensores de los derechos humanos han contado con el apoyo incondicional de los habitantes de las 7 comunidades, PRO-VIDA, Foro del Agua, de la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua, ADESCOS, otras redes del movimiento social y Juntas de Agua de distintas zonas del país, respaldo de organizaciones internacionales que han observado el proceso de cerca, exigen justicia y un alto a la criminalización de los defensores del derecho humano al agua.

La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, por medio de resolución del 21 de julio del presente año, declaró absueltos a los defensores del derecho al agua del cometimiento del delito de hurto de energía o fluidos, corrigiendo lo actuado por el Tribunal de Sentencia y la Cámara de la Tercera Sección de Occidente ambos con sede en Ahuachapán.

Con lo anterior, queda en evidencia que la FGR ha pretendido utilizar al sistema judicial para tratar de enjuiciar a defensores de derechos humanos con el fin de reprimir las legítimas luchas de las comunidades en la defensa del agua y de los bienes comunes.

Con el cambio de gobierno municipal se iniciaron los diálogos con el actual alcalde señor Carlos Milla, quien se ha comprometido “a devolver el sistema de agua a sus legítimos propietarios: las 7 comunidades de Tacuba”, y además promovió que el Concejo Municipal de Tacuba desista de la persecución penal. En ese sentido, se han realizado siete asambleas comunitarias para elegir a las personas delegadas y refundar en una “Asamblea General” la Asociación de Desarrollo Comunal La Bendición de Dios (ADESCOBD), y así elegir la “Junta Directiva” que recibirá legalmente el sistema de provisión de agua potable, y así el patrimonio comunitario retorne a sus legítimos propietarios.

Las asambleas mencionadas se realizaron con la presencia del alcalde de Tacuba Lic. Carlos Milla, con una delegación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y de la Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria (PRO-VIDA), Equipo Jurídico de defensa, Foro de Agua, acompañado de asimismo la observación internacional y seguimiento de entidades extranjeras como Solidaridad Internacional ANDALUCÍA, Alianza por la Solidaridad, OXFAM, CISPES, SHARE, Colectivo Madre Selva, entre otros grupos de solidaridad y el Tribunal Latinoamericano del Agua.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ha acompañado el proceso como ente garante del respeto de los Derechos Humanos de los defensores y la promoción del Dialogo, así como el seguimiento a la construcción de una Hoja de Ruta hasta la resolució

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