Instrucción con medidas para tesorero de la alcaldía capitalina

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El Juzgado 8° de Paz de San Salvador decretó la instrucción formal con medidas sustitutivas a la detención provisional contra el tesorero municipal de la Alcaldía de San Salvador, Fernando Heriberto Portillo Linares, acusado de apropiación o retención de cuotas laborales en perjuicio de 45 empleados de dicha comuna.

A solicitud de Fiscalía General de la República (FGR) de decretar medidas a favor de Portillo, el juez ordenó que el imputado se presente cada 30 días al Juzgado 8° de Instrucción, que no salga del país, que permanezca en el mismo domicilio y que pague una caución económica de 10 mil dólares.

De acuerdo con el requerimiento fiscal, desde el período del 1 de octubre de 2019 al 30 de septiembre del presente año, la alcaldía adeuda 678 mil 684 dólares con 67 centavos a las AFP Crecer y Confía; además, éste monto podría incrementar según el resultado de auditoría contable que se realice.

Antes de la audiencia, la fiscal del caso aclaró que el delito se le atribuye al tesorero debido a que en el artículo 245 del Código Penal, establece que quien comete el delito es el empleador, el pagador o la persona que tienen la responsabilidad de hacer las retenciones de ley. Además argumentó que para determinar quién tiene la calidad de imputado se verificó la Ley AFI, el Código Municipal y el Manual de Descripción de Puestos de la Alcaldía capitalina. Por ello se acusó al tesorero por ser la persona encargada de hacer las retenciones y enterarlas a las instituciones.

Al finalizar la audiencia el abogado querellante, Miguel Ángel Flores Durel, expresó que el aviso que interpusieron ante la FGR no fue en contra del tesorero sino contra el alcalde municipal y por los delitos de malversación, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes; pero, en ningún momento les notificaron una decisión de no judicializarlo. Por tal razón ellos insistirán en sede fiscal para que se agote la fase administrativa y solicitarán una conversión de la acción penal.

Las víctimas que asistieron a la audiencia expresaron que necesitan que el alcalde Ernesto Muyshondt autorice el pago de sus prestaciones, de las cuotas alimenticias, de préstamos bancarios y de vivienda, porque a ellos mes a mes les descuentan. Además, las instituciones les quieren embargar salario por el incumpliendo de pago.

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