Arqueólogos consultores comparecen en Comisión Especial sobre Tacuscalco en Asamblea Legislativo

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Los arqueólogos consultores Massiel Ramos y Marlon Escamilla desmintieron varias veces ante la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa, este 27 de junio de 2018, el señalamiento de haber recibido presiones por parte de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura para cambiar el informe técnico sobre el sitio arqueológico Tacuscalco.

“No se ha recibido presión en ningún sentido. El proyecto ha demandado tres informes: El primero fue de avance, allí se dice que no se encontró nada en el sector A; luego continuamos con el sector B, el cual presenta mayor concentración de materiales culturales, allí sí se han encontrado estructuras o bienes culturales inmuebles, esto lo recoge el segundo informe”, afirmó Escamilla.

Ambos arqueólogos explicaron a los diputados que en el sector B se logró constatar mayor actividad humana y que había alta densidad de materiales culturales usados por nuestros ancestros: Cerámica, obsidiana, lítica, estructuras, etc.

La comisión de legisladores, presidida por el diputado Antonio Almendáriz, se formó a raíz de una solicitud de la empresa Fénix S. A. de C. V.,  que no acató la resolución emitida por la Dirección de Patrimonio, que ordena la protección de unas veinte manzanas de terreno en el sector B, denominadas como Área de Reserva Arqueológica (2.93 manzanas) y Área de Influencia, la cual sirve para dar protección a la porción del sitio que está dentro de la urbanización Las Victorias.

La empresa argumenta que los arqueólogos consultores solo delimitaron 2.93 manzanas como área de reserva arqueológica, algo que repitieron varios de los legisladores al cuestionar a los arqueólogos, sin embargo Escamilla les dijo: “No bastan 2.93 manzanas, lo reitero y no me voy a cansar de plantearlo, hay que entender que tanto el Área Arqueológica va casada con el Área de Influencia, ambas tienen que ir juntas, no se puede delimitar solo una, van mancuernadas”.

Los profesionales recordaron también a los diputados que como consultores no tienen la potestad legal para dar factibilidad a un proyecto, ya que según la Ley Especial de Patrimonio Cultural de El Salvador es el Estado quien lo da. “El informe técnico no tiene validez jurídica, es un insumo para la Dirección de Arqueología, que es la que delibera, analiza y decide. Quien tiene la última palabra es el Estado”, dijo Escamilla.

Otro argumento de la empresa es que sí contaban con los permisos de construcción, pero la arqueóloga Ramos aclaró a los legisladores que ellos encontraron la obra ya comenzada: “Cuando se nos contrata, ya se había removido medio metro de suelo, cuando lo usual es que el terreno esté intacto”, al referirse al estudio, el cual fue ordenado a causa de la falta de una autorización.

Ramos agregó que “una empresa que quiera construir está en la obligación de tramitar el permiso,  sobre todo  si el terreno está cercano a un sitio arqueológico”, mientras que Escamilla explicó que “el permiso se puede hacer previo a la compra del terreno; pueden solicitar estudio para poder invertir en terreno seguro, para que no les afecte la factibilidad de su proyecto”.

La comisión es  presidida por el diputado Antonio Almendáriz (PCN) e integrada por la diputada Silvia Ostorga (ARENA) y los legisladores: Javier Valdez (FMLN), Rigoberto Soto (GANA), Rodolfo Parker (PDC), Juan José Martel (CD) y Leonardo Bonilla (no partidario).

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